imágenes sin resolver

Es complicada la situación que atraviesa Cajamarca y la minera Yanacocha. Y más complicada se pone la situación de los campesinos y sus tierras.

El miércoles 2 de agosto hubo un enfrentamiento en Carachugo, relacionado con las obras de expansión de la minera Yanacocha. El resultado: un muerto y 5 heridos, además de dos miembros de la seguridad de la minera detenidos por los campesinos y 4 campesinos detenidos por la policía. La protesta de los campesinos era en contra de la construcción del dique El Azufre, a dos horas de camino del centro poblado de Combayo, en el distrito La Encañada.

La idea para Yanacocha es que construyendo el dique se lograra mitigar los impactos de las operaciones que realiza la minera en Carachugo, en relación a la turbidez de las aguas, que ha sido denunciado muchas veces por los dirigentes campesinos de la zona.

Yanacocha no tuvo otra mejor idea que ofrecer a los mismos campesinos y pobladores de la zona, trabajo como mano de obra en la construcción del dique.

Y aquí se pone fea la cosa, se complejiza cuando las necesidades se polarizan en tono esquizo.
Hay una división del campesinado que por un lado rechaza la irrupción de la minera y sus construcciones y, por otro lado, los campesinos que están dispuestos a colaborar con la minera a cambio de trabajo en esas mismas obras que perjudican a su comunidad.

Entonces, el grupo que en primera oportunidad rechazó la construcción del dique se divide y alcanza dos grupos antagónicos. El que reclama por el rechazo y la paralización de las obras (que resultan perjudiciales para la comunidad y el agua: su territorio) y el que reclama por su construcción (como oportunidad de empleo).

La mañana del 2 de agosto los pobladores bloquearon la carretera en la que se conducían los materiales para la obra. Penosamente la carretera es propiedad de Yanacocha, se encuentra en los límites de su autoridad. La seguridad arrojó gases lacrimógenos y detuvo a 7 campesinos que fueron entregados a la policía y puestos a orden de la fiscalía siendo liberados al día siguiente para pasar análisis con el médico legista sin haber consumido ningún alimento desde el día anterior (sin cena, sin desayuno) y ni siquiera contar con dinero para el pago de los análisis médico legistas. Tampoco contaban con recursos para volver a su pueblo a 1 hora y media de distancia en combi y 2 a pie.
La policía optó por citarlos con fecha 8 de agosto. GRUFIDES ha brindado generosamente los gastos de apoyo.

Se conoce por versiones de los hechos, que lo que reclamaban los campesinos era una verificación del canal El Azufre para verificar sus aguas que al parecer vienen siendo contaminadas por las obras de construcción del dique de la minera Yanacocha, a través de un service. Todo contrario a la finalidad del proyecto.
Otra de las razones es el reclamo por sectores de campesinos a la minera, que prometió en algún momento brindarles trabajo y obras para su comunidad. “Estamos ya cansados de la contaminación de nuestras aguas y del polvo y no recibimos ningún beneficio de la empresa minera, ni siquiera trabajito”. Esta fue una de las voces de la protesta, por un lado en relación al impacto ambiental de las operaciones y por otro lado y sin duda, un fuerte impacto cultural y social de expectativas y participación no satisfechas.
Si Yanacocha contrata un service, no tiene entonces ninguna oportunidad de brindar empleo a la población, ya que el service carga con sus propios empleados.

Ya en noviembre del 2005 los pobladores y las autoridades de Combayo, el Comité de Defensa y Desarrollo, la minera Yanacocha y funcionarios del MEM suscribieron un acta “de trabajo conjunto por el desarrollo y el cuidado de la calidad y cantidad de agua de Combayo”. Según el acuerdo, Yanacocha invertiría 1.500.000 de dólares para obras de desarrollo de Combayo y crearía una comisión de monitoreo único de calidad y cantidad de agua de Combayo (COMUNICCA). El acuerdo fue difundido y publicitado por Yanacocha como la solución al conflicto del dique El Azufre.

En el enfrentamiento falleció el campesino Isidro Llanos Chevarría, cuyo cadáver no pudo ser levantado cuando correspondía ya que los campesinos impidieron la labor fiscal reclamando la presencia de periodistas que cubrieran el acto y la diligencia, en desconfianza con la labor llevada a cabo por “la justicia”. (Encontraremos más adelante que la desconfianza de los campesinos estaba completamente justificada. El único registro que comprueba la veracidad de los hechos, son los documentos fotográficos y de video). El fiscal demoró 27 horas para levantar el cadáver. Una vez y en presencia de algunos periodistas, los campesinos mostraron en el lugar del evento, decenas de casquillos de escopetas y orificios de proyectil en el cuerpo del cadáver. Además, algunas de las balas “perdidas” alcanzaron matar un inocente burrito y un caballito.

Caben las preguntas: ¿quién podría ser el mediador y legislador adecuado que garantice la validez y el resultado de los acuerdos y las obras? Lo que se demanda es responsabilidad de ambas partes. Campesinado y minera.
Suponemos esta pregunta ante la pasividad del Estado en su rol fiscalizador -ambiental y social- para que la minera realmente no perjudique el entorno y cumpla a su vez con los proyectos sociales y de infraestructura ofrecidos en la zona. Lo mínimo que debe ofrecer la minera es tranquilidad y comodidad en el poblado que ha desterritorializado, respetando el derecho auténtico de propiedad de los campesinos. Esto no cuesta demasiado.

¿Hasta cuando tendrán que cumplir esta función los organismos, ONGs e instituciones particulares que “poder real” (entendido como funciones y poderes del estado) no tienen? ¿Seguirán considerando estos problemas como pasajeros y temporales?

De otra forma no tendríamos más que violencia y conflictos. Más conflictos y más violencia.